La Iglesia católica mexicana cierra este 2025 de forma intensa y se espera que el 2026 no sea menos que trepidante. Después de su Asamblea Plenaria de otoño, los obispos han intensificado su posicionamiento profético para “construir la Esperanza de México” en medio de evidentes dificultades y también han hecho duros cuestionamientos al poder político. 

Desde la jerarquía se ha manifestado abiertamente la desconfianza episcopal ante los “discursos públicos” y también se afirma que se entrará en diálogo con todo aquel que “verdaderamente ame a México” independientemente de su filiación partidista, su identidad ideológica o su elección espiritual. 

Sin mencionar a qué instancias o qué actores sociales se refieren en ambos casos, el manifiesto de los obispos en el fondo rechaza los ejes discursivos del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de avances en seguridad, combate a la corrupción, estabilidad económica y libertades democráticas; y, al mismo tiempo, declara su disposición a negociar con todo el abanico ideológico existente en el país, sin importar límite alguno, excepto el sentimiento de amor nacional.

Por supuesto, la Secretaría de Gobernación tomó nota de las inquietudes del discurso público de los obispos y llamó a una reunión con los representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano para abordar las respectivas responsabilidades institucionales; de esa reunión, que se intuye fue adversativa más que cooperativa, ninguna instancia publicó o divulgó nada. 

Sin embargo, días más tarde, el cardenal emérito Felipe Arizmendi escribió sin eufemismos que la paz alcanzada en algunos poblados del país sólo se debe a que la población paga religiosamente el derecho de piso a la delincuencia que domina la región, y que la autoridad civil permite esa “esclavitud generalizada” de la ciudadanía porque “el Estado ha cedido el control territorial a grupos delictivos [y] no logra recuperarlos”.

Es probable que esta tensión entre la jerarquía católica y el gobierno de la 4T aumente en los próximos meses debido en parte a la exaltación político-religiosa que ya se nota en varios círculos de catolicismo radicalizado por el centenario del levantamiento armado religioso contra el gobierno callista; y también derivado del anticatolicismo intolerante de la “izquierda antirreligiosa” que ocupa posiciones clave en la administración federal, el poder legislativo y el judicial.

Por si fuera poco, en medio de estas tensiones políticas, la Iglesia mexicana continúa en una muy delicada etapa de recambio de titulares en sedes episcopales relevantes: las mega arquidiócesis de Guadalajara, México, Puebla, Oaxaca, Acapulco y Tijuana ya esperan nombramiento de nuevo arzobispo metropolitano o por lo menos están en estudio los candidatos episcopales a ser promovidos; por su parte, Morelia tiene ya un arzobispo coadjutor que en principio asumirá plenamente el gobierno regional en enero de 2026. Sin embargo, junto a las seis diócesis vacantes actuales, hay otra decena de territorios pastorales que también se encuentran en análisis de recambio generacional necesario. 

La decisión de nuevos obispos la tomará el Santo Padre; pero, como reza el adagio: “de Roma viene lo que a Roma va” y por ello se trata de una gran tarea de estudio, análisis, consulta y valoración que tanto el nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, como la propia conferencia episcopal ya realizan para auxiliar al pontífice en esta toma de decisión.

Y es por ello que, en las últimas semanas, se ha comenzado a hablar de la posibilidad de que el papa León XIV también nombre a nuevos cardenales para México; por lo menos dos. Sin embargo, el papa Prevost tendría que anunciar un consistorio y en roma no vislumbran esto como una urgencia.

La idea de nuevos cardenales mexicanos se debe a que, al momento, todos los cardenales mexicanos (6) han rebasado la edad canónica de retiro; y aunque siguen aportando a través de su opinión y consulta en temas de gran trascendencia eclesiástica, es claro que la Iglesia mexicana requiere de referentes con los que las instancias civiles y sociales puedan imaginar tareas cooperativas, propositivas y de largo aliento, sobre todo de esto último. 

En especial porque tanto el gobierno mexicano como la Iglesia católica mantienen el interés de que el papa León XIV visite el país, algo que el propio pontífice ha manifestado recientemente. Esto urge para el gobierno mexicano que esperó todo el sexenio de López Obrador en vano el retorno de Francisco (a quien el mandatario elogió frecuentemente mientras criticaba a los obispos nacionales) y que considera que la presencia del Papa norteamericano ya en el sexenio de Sheinbaum y el segudo periodo de Donald J. Trump podría auxiliar a bajar la presión política, económica e ideológica en la región del continente.

Con todo, la primera aduana de todo un panorama de potencial cooperación, respeto y acción transversal quizá no iniciará ni por los altos funcionarios ni por la jerarquía eclesiástica mexicana sino a través del catolicismo social de las comunidades religiosas y laicales, así como los esfuerzos de seguimiento de compromisos de paz a ras de suelo y en las realidades locales. A inicios del 2026 se realizará el Segundo Diálogo Nacional por la Paz y ahí la encomienda plural pretende recobrar el tejido social y trabajar artesanalmente por la paz, más allá de tribunas o decretos, más allá de declaraciones y campañas, sino con el camino y el discernimiento compartido.