Guadalajara, Jalisco.- "Reconocemos la falla sistémica y estructural, tanto del sistema judicial que provee la impunidad", sentencia el sacerdote Francisco Moriel al finalizar su participación en el Segundo Diálogo Nacional por la Paz. El "padre Pancho", del clero de Parral, Chihuahua, habla con voz pausada pero cargada de una contundencia pastoral que dan 14 años de ministerio en una de las regiones más complejas y devastadas de México: la Diócesis de Tarahumara.
Su intervención, enmarcada en un contexto de violencia endémica, no es un lamento abstracto. Moriel describe una labor eclesial enfocada en la "regeneración del tejido social" a través de programas como Vínculos para la Vida y los Centros Ambulatorios en Manresa. Iniciativas que buscan, a su vez, "mitigar las heridas que en el transcurso de la historia se han desarrollado" en las adolescencias, juventudes y familias de la sierra.
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Para entender la urgencia de estas palabras, hay que mirar al 20 de junio de 2022, una fecha que partió en dos la historia de la Iglesia y la sociedad chihuahuense. Ese día, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, junto al guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, fueron asesinados al interior de la parroquia de San Francisco Javier en Cerocahui. Horas antes, la misma violencia había segado la vida del joven Paúl Berrelleza Rábago. El presunto responsable, José Noriel Portillo Gil "El Chueco", un capo que controlaba la región, mostraba sin simulacro el control territorial de los grupos criminales y la vulnerabilidad extrema de las comunidades.
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El sacerdote Moriel lo reconoce sin ambages: "Sin lugar a dudas que Joaquín, Javier y Pedro y Paul son el detonante (...) la punta del iceberg". Aquel crimen, que conmocionó al mundo y evidenció la barbarie, fue el catalizador que obligó al Estado mexicano a sentarse en mesas de diálogo con la Compañía de Jesús y la Diócesis, y visibilizó la "falla sistémica" de un sistema judicial que opera en medio de la impunidad. A un año del crimen, la realidad no había cambiado; la impunidad seguía siendo la sombra que alberga la diversificación de los negocios criminales en la sierra.
"Tenemos que ir luchando ahora sí con todos los frentes... Nos ha ayudado mucho, por lo menos ahí en nuestro estado y en la región de la Sierra Tarahumara, justamente los vínculos con las dependencias correspondientes en función de ir trabajando paulatinamente para la reducción de los riesgos".
Las "heridas" de las que habla el padre Pancho no son solo metafóricas. Hoy, la violencia en la Tarahumara tiene un rostro multifacético que va más allá del trasiego de drogas. El crimen organizado ha diversificado su portafolio hacia la explotación de recursos naturales. La minería ilegal de oro y plata, así como la tala clandestina de pinos, se han convertido en el motor del despojo y el terror .
Los grupos criminales han implementado tácticas de guerra que parecen sacadas de un conflicto internacional. A mediados de 2025, comunidades enteras de los pueblos warijó, pima y rarámuri en municipios como Moris, Uruachi y Guadalupe y Calvo fueron desplazadas por la fuerza tras ser agredidas con drones cargados de explosivos lanzados contra sus viviendas. Con el objetivo de apoderarse de recursos naturales, como el oro y la madera de los bosques, en una lógica de acumulación que deja a su paso contaminación por mercurio, suicidios infantiles y familias confinadas.
Ante la ausencia o complicidad del Estado, la Iglesia católica, a través de la Diócesis de Tarahumara, ha asumido un papel de contención y reconstrucción que va más allá de lo espiritual. Moriel describe una "esperanza proactiva, muy activista, que tiene que dedicarle mucho tiempo, mucha disciplina". No es una esperanza ingenua, sino una que se construye con metodologías claras y vínculos con dependencias gubernamentales en mesas de seguridad y salud mental, a pesar de reconocer que son esfuerzos "perfectibles".
Estos programas, como los que él coordina, atienden los "riesgos psicosociales" en una población marcada por el trauma. La terapia psicológica y el acompañamiento comunitario son herramientas para enfrentar una crisis humanitaria que incluye un aumento del 300% en las tasas de suicidio infantil en la región, derivado de la desesperanza y el desplazamiento.
"Si bien es cierto que hay muchas cosas perfectibles, también es cierto de que a partir de los esfuerzos y con metodologías claras, pues también podemos lograr más. Ciertamente implica diálogo, mesas de seguridad, por supuesto, mesas de salud mental, entre otras cosas, pero sin lugar a dudas que es un gran reto no solamente de la Sierra, sino de todo el país, ir mejorando sobre todo el sistema judicial y que el ejercicio del estado de derecho sea tangible", concluye Moriel.
