Madrid, España.- Después de un largo proceso de registro e inmatriculación de bienes inmuebles bajo custodia de alguna institución católica en el reino español, ahora la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha entregado al parlamento un listado 34 mil 961 inmuebles registrados por la Iglesia entre 1998 y 2015 con lo que abre la posibilidad de que tanto el gobierno como particulares puedan reclamar a la Iglesia católica en España la titularidad alguna propiedad. Cabe mencionar que algunos de los inmuebles del listado han estado en uso de la Iglesia católica desde hace más de mil años.
Calvo ha subrayado que los bienes inscritos por la Iglesia "lo han sido en virtud de certificación eclesiástica, lo que la modificación de la ley de 1996 permitía en la ley hipotecaria es lo que ha hecho posible que con la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente se pudieran hacer estas inmatriculaciones al amparo de la legalidad.... Ahora esa legalidad puede ser contestada, como es lógico, y estará la vía de los tribunales si se discrepa del conocimiento que hoy se tendrá de ese listado".
Bajo esta dispoción del gobierno, a partir de este momento cualquier ciudadano e incluso el propio Estado puede reclamar titularidad de bienes en manos de la Iglesia de manera histórica, puede reclamar quien lo ponga en duda la titularidad de propiedad de la Iglesia mediante la presentación de documentación que así lo acredite.
Desde la Conferencia Episcopal Española (CEE), los obispos católicos se han mostrado dispuestos a que se revisen las inmatriculaciones (los registros realizados por la Iglesia mediante la ley anterior) siempre y cuando el derecho ampare al reclamante pues "la Iglesia no quiere a su nombre nada que no sea suyo".
Según Calvo, la lista incluye bienes inmatriculados entre 1998 y 2015. De las 34 mil 961 inmatriculaciones, 20 mil 14 son templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias y 14 mil 947 no se relacionan directamente con usos litúrgicos pero sí pastorales como terrenos, viviendas, solares o locales.
De aquellas inmatriculaciones, 30 mil 335 fueron inscritos en virtud de certificación eclesiástica como permitía la ley hipotecaria hasta 2015. Junto a ellos hay 4 mil 626 con otro título distinto. La vicepresidenta Calvo señaló que a partir de ahora las personas físicas y jurídicas ya tienen conocimiento del listado por si se considerase necesario actuar sobre la propiedad, mediante una primera vía para que la Administración abra una investigación sobre la titularidad y también acudiendo a los tribunales.
Por su parte, la Iglesia católica española explicó que dicha institución ha inmatriculado "los bienes que durante siglos el pueblo católico ha construido y confiado a la Iglesia para que ésta pudiera realizar su labor".
Pero además, ha inmatriculado también otros bienes recibidos a través de legados y herencias así que, por lo tanto: "la Iglesia tiene la obligación de custodiar y mantener los bienes que le han sido confiados afectándolos a sus fines propios y poniéndolos a disposición de la sociedad, con independencia y colaboración con los poderes públicos, al servicio del pueblo cristiano", explica la CEE.
En su defensa, la Iglesia española asegura que la propiedad de algunos de los inmuebles sí correspondería a los pueblos en los que se encuentran y que, por tanto, se deberían registrar a nombre de los ayuntamientos; sin embargo, alertó que "se confunden interesadamente" los argumentos pues ‘pueblo’ no es igual que ‘ayuntamiento’ pues "se silencia sistemáticamente la importancia histórica y actual de la parroquia y la diócesis. Ambas tienen su personalidad jurídica, sus bienes, sus fondos económicos distintos de los civiles, como queda reflejado en los libros de cuentas custodiados en los archivos eclesiásticos".
"El ayuntamiento o concejo no es la parroquia ni la parroquia es el ayuntamiento o concejo. Los bienes parroquiales no forman parte del patrimonio del municipio ni los bienes municipales forman parte del patrimonio de la parroquia. Los bienes eclesiásticos, ciertamente, pertenecen al ‘pueblo’, al pueblo de Dios, a la comunidad cristiana históricamente organizada en la parroquia y diócesis. No a la comunidad civil cuyo representante es el ayuntamiento", explica la conferencia de obispos.
En España, hay cerca de cuarenta mil instituciones de la Iglesia que tienen reconocimiento civil. Muchas de ellas tienen más de 1000 años de existencia y a lo largo de su vida han adquirido la titularidad de bienes.
En su inmensa mayoría, los bienes inmuebles históricos generan importantes costes de mantenimiento y conservación para la Iglesia, que los fieles asumen. Además, la inmensa mayoría de esos bienes tienen naturaleza no enajenable, con lo que la posibilidad, que algunos apuntan, de hacer negocio, es inexistente.
"Son muy pocos los bienes que son económicamente rentables para la Iglesia -acota la CEE-, precisamente aquellos por los que se insiste hasta la saciedad, frente a otros que pasan de largo. Sin embargo, tal y como demostró hace poco un informe de la auditora PWC, la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes reporta a la economía nacional más de 22 mil 000 millones de euros al año (2% del PIB)".
Pero incluso aquellos pocos bienes que reportan recursos, como es el caso de la Mezquita-Catedral (en Córdoba), los recursos obtenidos son aplicados a fines culturales (restauración de patrimonio) o a los fines propios de la Iglesia entre los que destaca la ayuda a proyectos sociales. Baste decir, a modo de ejemplo, que entre 2006 y 2014 el Cabildo de Córdoba destinó 16 millones de euros a proyectos de Caritas, Proyecto hombre, ayuda a misioneros, etcétera".