Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El pleno de los obispos católicos de Guatemala ha condenado sin eufemismos la destitución del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval. Una decisión que claifican de 'ilegal y arbitraria' y que "pone en riesgo la institucionalidad del país ante las mafias enquistadas" en el poder.
La salida de Sandoval ha sido duramente criticada por la Iglesia católica del país centroamericano pues, a su parecer, "significa un evidente retroceso en la lucha por un eficiente combate a la corrupción e impunidad".
A través de un comunicado oficial, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) advirtió de los riesgos sociales e institucionales en el país:
"Quienes se han alegrado ante la destitución es porque se sienten seguros y cómodos cuando el régimen de impunidad se consolida", denunciaron los obispos a través del presidente de la CEG, Gonzalo de Villa y Vásquez, arzobispo de Guatemala.
La destitución del fiscal Sandoval por parte de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, el pasado viernes, provocó la salida del país del exfiscal anticorrupción por motivos de seguridad, pues se teme una persecución judicial por sus investigaciones. En efecto, horas antes de su partida en una rueda de prensa, Sandoval denunció que la fiscal general Porras ha detenido diversas investigaciones que involucran a personeros del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
El episcopado recordó que el Ministerio Público es el órgano del Estado encargado de la investigación y persecución penal ante los delitos cometidos y que solo una justicia pronta e imparcial puede garantizar la libertad y la democracia.
"De todos es sabido que el proceso de administración de justicia en Guatemala tiene graves falencias", recordaron los obispos pero confirmaron que "en los últimos años se había logrado investigar hechos que anteriormente gozaban de total impunidad, generando esperanza en la ciudadanía".
La CEG denunció así la salida del fiscal: "La destitución fulminante del fiscal Sandoval, según connotados hombres y mujeres de derecho, ha sido ilegal y arbitraria. Recogemos el clamor ciudadano al percibir que este hecho significa un evidente retroceso en la lucha por un eficiente combate a la corrupción e impunidad, que tanto daño han hecho para el desarrollo integral del país".
La destitución, consdieran los pastores católicos, "ha hecho un daño irreparable al país":
"Crecerá la indignación ciudadana, aumentarán las protestas sociales y el nivel de conflictividad, se complicará más el ya deficiente manejo de la pandemia y el tortuoso proceso de vacunación", pronostica la CEG.
En este panorama, el episcopado ha exhortado a los operadores de justicia a empeñarse en la búsqueda de justicia, en construcción de la paz como bien mayor, a ser valientes en reconocer sus errores y a no perder el horizonte del bien común como expresión máxima del sentido del Estado de Guatemala.