Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Arquidiócesis de Tuxtla rompió su silencio frente a los videos difundidos en redes sociales que muestran a agentes estatales y municipales asfixiando con bolsas de plástico a personas detenidas. El sacerdote Gilberto Hernández García, también asesor de la Pastoral Social, calificó estos hechos como un grave retroceso en materia de derechos humanos y una evidencia de descomposición dentro de los cuerpos policiacos.
“De entrada, obviamente deploramos este tipo de prácticas. Yo creo que por muy delincuente que sea una persona, siempre debe respetarse su dignidad”, expresó Hernández García.
El religioso afirmó que la tortura deshumaniza a quien la practica y pisotea la dignidad de las personas. Señaló que México ha firmado convenios internacionales para erradicar la tortura, por lo que resulta alarmante que estas prácticas continúen ocurriendo. “Que se sigan practicando habla de un enorme retroceso”, agregó.
El sacerdote explicó el concepto de tortura desde la perspectiva eclesial: Cualquier acción que atente contra la dignidad humana debe ser rechazada y denunciada; además "debe tener consecuencias para quienes lo practican, lo autorizan o lo recomiendan”, afirmó. Hernández García advirtió sobre el riesgo de normalizar la violencia institucional en Chiapas, especialmente tras los años recientes marcados por altos niveles de inseguridad en la entidad.
“No podemos permitirlo, porque si lo omitimos o lo callamos, es normalizar. Son prácticas que se suponía ya estaban erradicadas o que deberían erradicarse”, indicó.
Documentación de abusos y fabricación de delitos
El Centro de Derechos Humanos Fray Ignacio Barnoya, perteneciente a la Arquidiócesis de Tuxtla, ha documentado casos de presuntos abusos cometidos por corporaciones policiacas, a través de testimonios y reportes periodísticos. Según explicó el sacerdote, existen denuncias de personas detenidas arbitrariamente o víctimas de malos tratos. Posteriormente, esos casos se utilizan para mostrar resultados en el combate a la delincuencia.
“Terminan fabricando algunos delitos y luego se presentan a los medios estas personas supuestamente delincuentes, como diciendo que se está controlando el crimen organizado”, comentó Hernández García.
Ante este panorama, el asesor de la Pastoral Social hizo un llamado a las autoridades estatales y a los altos mandos de seguridad para depurar las corporaciones policiacas y fortalecer los protocolos con enfoque en derechos humanos. “Cuando haya indicios de algún delito hay protocolos establecidos que se tienen que cumplir al pie de la letra para evitar este tipo de situaciones que ahora estamos lamentando”, dijo.
El sacerdote concluyó que no puede existir justicia cuando se violan los derechos humanos durante los procesos de investigación: “La justicia tiene que afincarse en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Las pruebas necesarias siempre deben obtenerse de manera lícita, no a través de mecanismos como la tortura”, afirmó.
La postura de la Iglesia Católica en Chiapas coincide con la detención de 14 agentes por estos hechos, aunque el comandante Pablo permanece prófugo, según informaron medios locales. La Arquidiócesis de Tuxtla no emitió un comunicado oficial, pero las declaraciones de su asesor de Pastoral Social colocan a la institución eclesial como una voz crítica frente a la violencia institucional en la entidad.
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