Brasilia, Brasil.- Ante el avance incontrolado del COVID-19, los obispos de la región amazónica brasileña expresaron su preocupación y exigieron una mayor atención de parte de los gobiernos federales y estatales para frenar la enfermedad: "El coronavirus que nos está atormentando ahora y la crisis socio ambiental ya están mostrando una gran tragedia humanitaria causada por un colapso estructural", sintetizan en un documento.

Los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades tradicionales corren un gran riesgo, que también se extiende a la selva, por el importante papel de estas comunidades en su conservación.

Las cifras hablan de que la región tiene la proporción más baja de hospitales de Brasil. Esto hablando de la inexistencia de centros médicos con baja y alta complejidad (solo 10%). A esto se le suma que grandes áreas del territorio amazónico, no cuentan con camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y solo unos pocos municipios cumplen con los requisitos mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en número de camas y UCIs por habitante (10 camas de UCI por cada 100 mil usuarios). Un escenario que solo puede cambiar si las autoridades publicas implementan estrategias de atención a la población en estado de vulnerabilidad.

Por otra parte está el daño al medio ambiente. La explotación del oro, la minería y la deforestación para el monocultivo de soya y la ganadería para la exportación; aumentaron de forma alarmante en los últimos años. Según el sistema Deter-B, desarrollado por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe), en marzo del presente año la deforestación en la selva amazónica había crecido un 29,9% , en comparación con el mismo mes en 2019. Situación en la que ha influyó la notable reducción de las inspecciones y el discurso político del gobierno federal, contra la protección del medio ambiente y las áreas indígenas protegidas por los artículos 231 y 232 de la Constitución Federal de Brasil.

Desde la Iglesia, los obispos brasileños recuerdan que para salvar vidas y reconstruir comunidades es necesario fortalecer las políticas públicas en particular, el Sistema Único de Salud. En este sentido invitan a rechazar los discursos que descalifican y desacreditan la efectividad de las evidencias científicas sobre los efectos de la expansión del COVID-19. Al respecto la Iglesia presentó sus propuestas.

1. Adoptar medidas restrictivas para la entrada de personas en todos los territorios indígenas, debido al riesgo de transmisión del nuevo coronavirus, a excepción de los profesionales de los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI)

2. Realizar pruebas en la población indígena para adoptar las medidas de aislamiento necesarias y prevenir la propagación del COVID-19.

3. Proporcionar el equipo de protección personal (EPP) recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en una cantidad adecuada y con las instrucciones correctas de uso y descarte.
4. Proteger a los profesionales de la salud que trabajan en los frentes de salud de los pueblos, acompañándolos también en sus debilidades psicológicas y físicas.
5. Garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, afrodescendientes, ribereños y otras poblaciones tradicionales en la Amazonía.
6. Fortalecer las medidas de inspección contra la deforestación, la minería y la minería de oro, especialmente en tierras indígenas y tradicionales y áreas de protección ambiental.

7. Garantizar la participación de la sociedad civil, movimientos sociales y representantes de las poblaciones tradicionales en espacios de deliberaciones políticas.

8. Rechazar la Medida Provisional 910/2019, que propone una nueva regularización de la tierra en Brasil, porque elimina la reforma agraria, la regularización de los territorios de los pueblos originarios y tradicionales, favorece el acaparamiento de tierras, la deforestación y los emprendimientos depredadores, regulariza las ocupaciones ilegales por parte del agro negocio, promueve la liquidación de tierras públicas en la Unión a precios insignificantes y autoriza la adquisición de tierras por el capital extranjero, la explotación especulativa de bosques y alienta la invasión y devastación de tierras indígenas y territorios tradicionales.
9. Rechazar el proyecto de ley 191/2020 que regula el Artículo 176.1 y el Artículo 231.3 de la Constitución Federal, estableciendo las condiciones específicas para realizar investigaciones y extracción de recursos minerales e hídricos en tierras indígenas.
10. Derogar el Decreto nº 10.239 / 2020, devolviendo la Comisión para la Amazonía al Ministerio del Medio Ambiente, con la participación de representantes de FUNAI e IBAMA y otras organizaciones de la sociedad civil, indígenas o indigenistas como el Consejo Misionero Indigenista (CIMI), que actúan en la Amazonía. En necesario derogar la Instrucción Normativa 09/2020 de FUNAI, que permite la invasión, explotación y incluso comercialización en tierras indígenas aún no aprobadas. (Con información CELAM)