No importa cuánto se esfuercen, al final saldrá algún medio o autoridad a señalar y responsabilizar a las asambleas litúrgicas o de culto religioso como focos de contagio, epicentros de rebrote epidémico. No es vaticinio, sólo es juicio de lo que se ha visto en otros países.
En Alemania, se responsabilizó a la iglesia de un rebrote por una celebración en la que 40 personas resultaron contagiadas y seis hospitalizadas; en Irán, los medios internacionales se enfocan en relacionar la apertura de las mezquitas con el rebrote que ha dado picos de hasta 3 mil personas contagiadas por día; en Corea del Sur, Yohnhap News (la agencia de noticias del gobierno) hace un seguimiento permanente a los rebrotes ligados a servicios religiosos en parroquias y templos.
En México, son las propias autoridades eclesiásticas las que han señalado la alta responsabilidad que los líderes religiosos tienen para no favorecer ningún contagio: “No podemos ser nosotros tan malos, tan malvados; no tenemos ese corazón. Nosotros queremos el bien de nuestros fieles y por ello es necesario acatar las disposiciones que en el protocolo se señalan”, dijo el cardenal Carlos Aguiar Retes a su presbiterio ante el escenario de la reapertura de los templos a la celebración del culto público suspendido desde finales de marzo.
Las asociaciones religiosas más organizadas, con más estructura jerárquica y mecanismos de orden, no sólo han mantenido un estrecho diálogo con las autoridades civiles y sanitarias para adaptar las expresiones religiosas de su grey a las medidas de distanciamiento social y cuarentena, también han tenido que enfrentarse a la crítica de sus propios fieles respecto a su supuesta insensibilidad ante las necesidades sacramentales o ministeriales de los creyentes.
Por si fuera poco, muchas iglesias han tenido que lidiar con los desafíos económicos para no despedir trabajadores ni reducir las obras sociales y de caridad, a pesar de que el principal ingreso de sus organizaciones prácticamente se desplomó con la suspensión del culto público.
Y, ahora, mientas se acerca el escenario de reapertura comunitaria al culto, los templos, parroquias, centros de oración, sinagogas, asambleas, mezquitas y demás espacios de congregación deberán cumplir con las medidas señaladas por las autoridades para reabrir las puertas a sus fieles. Las iglesias deberán adquirir los productos que se incluyen como requisitos básicos: mascarillas, caretas, termómetros, desinfectantes; y otros más específicos como pruebas COVID a ministros antes de siquiera presidir alguna asamblea.
En este panorama, por supuesto no han faltado los líderes religiosos o ministros de culto que, sin dejar de asumir su responsabilidad, también han desafiado las recomendaciones (y en algunos casos imposiciones) de las autoridades civiles. Obispos y pastores en varias partes del mundo han cuestionado a las autoridades civiles el ‘doble rasero’ con que se condiciona la reapertura de templos y santuarios en contraste con cines, cafés, restaurantes, transporte público y salones de belleza. En la Ciudad de México, por ejemplo, se propuso que cuando se alcanzara el semáforo naranja de reapertura gradual, se permitiría un aforo de hasta el 30% y 40% en centros comerciales y restaurantes; y sólo una semana más tarde un 50% en templos de culto.
Por supuesto, las procesiones, las peregrinaciones y las actividades masivas religiosas estarán fuera de toda recomendación hasta muy adelantado el otoño. Tal como dio a conocer VCNoticias, la pandemia del SARS-Cov2 ha cancelado hasta el momento dos mil peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe; y la Fiesta a la Virgen de Guadalupe, que suma invariablemente más de 7 millones de creyentes congregados en 24 horas, seguramente tendrá todas las miradas encima.
El diálogo entre instituciones ha sido la mejor herramienta para que las autoridades civiles y las asociaciones religiosas estén en la misma página respecto a las responsabilidades ante la cuarentena y el escenario de reapertura; una negociación por el bien común que no vulnere la libertad religiosa, cuyas expresiones no sólo son un derecho inalienable para los individuos sino para las personas como miembros sociales. Esto es lo que verdaderamente debe estar en la mesa del debate: la libertad religiosa como derecho fundamental no sólo representa garantías de usufructo para los individuos sino libertades relacionales con su comunidad, sus ritos, sus asambleas y sus expresiones.
En México, salvo excepciones verdaderamente reprobables, los líderes religiosos y ministros de culto han asumido una alta responsabilidad para no engañar a sus comunidades respecto a la gravedad de la pandemia y, al mismo tiempo, sacrificar, en favor de las obligaciones humanitarias, dinámicas no esenciales de sus respectivos credos.
Ahora, mientras los escenarios de reapertura parecen ir mejorando, las iglesias se enfrentan a un fenómeno que varias casas encuestadoras ya habían adelantado: muchos de los fieles que guardaron las medidas de confinamiento y sana distancia, y que prescindieron de los rituales en sus templos durante tres meses, arden en deseos de volver a sus ceremonias, liturgias y asambleas. El riesgo de un vuelco multitudinario, espontáneo y difícil de administrar mantiene con sentimientos encontrados a no pocos líderes religiosos. Pero aun si se viviera un escenario moderado, los fieles se encontrarán con nuevas medidas, dinámicas y requisitos, algunos molestos o quisquillosos a los que deberán adaptarse; pero aun así no deberán relajar los cuidados porque, en el vaticinado rebrote, es claro que se pondrá un especial acento en la responsabilidad de los templos y sus ritos comunitarios.
@monroyfelipe
