Ciudad de México.- El centenario del inicio de la Guerra Cristera, que conmemora los conflictos entre el Estado mexicano y la Iglesia católica entre 1926 y 1929, ha puesto a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) frente a un dilema: cómo recordar un episodio que aún genera divisiones sin reavivar las confrontaciones del pasado.
El análisis de dos documentos emitidos por los obispos —uno en noviembre de 2025 y otro el 31 de julio de 2026— revela un cambio de tono significativo. El primer texto, elaborado durante la 99 Asamblea del Episcopado, contiene críticas directas a la administración federal y al contexto político actual. El segundo, emitido en el marco del centenario de la aplicación de las leyes de Plutarco Elías Calles, modera el lenguaje y se dirige explícitamente a las autoridades.
De la crítica frontal a la llamada a la reconciliación
El documento de noviembre de 2025, titulado "Mensaje al pueblo de Dios", dedica nueve cuartillas a diagnosticar la realidad mexicana. Los obispos señalan que "se combate la corrupción pero ante casos graves y escandalosos no se percibe la voluntad de esclarecerlos", cuestionan que "la economía va bien" cuando "muchas familias no pueden llenar su canasta básica" y afirman que "quienes expresan opiniones críticas son descalificados y señalados desde las más altas tribunas del poder".
En contraste, el comunicado del 31 de julio de 2026 evita la personalización de los ataques. Los obispos manifiestan que no buscan "revivir las heridas del pasado, sino curarlas" y aclaran que no favorecen ni se oponen a ningún partido político.
"Hubo muchas críticas por parte de los analistas, políticos, académicos y religiosos", señala la periodista Maru Jiménez en el podcast Bajo llave, donde analiza ambos documentos. "Yo veo que en este segundo documento le bajan mucho de tono".
El riesgo de las lecturas unidimensionales
El análisis de los comunicados episcopales no puede desvincularse del contexto histórico. La Guerra Cristera dejó heridas profundas: ejecuciones sumarias, persecución de sacerdotes, familias desintegradas y una fractura social que perduró décadas. Sin embargo, el debate sobre cómo interpretar ese pasado se ha polarizado.
Grupos autodenominados "neocristeros" han utilizado el aniversario para reivindicar posturas que cuestionan el Estado laico. El periodista Felipe Monroy advierte en el mismo podcast: "Hay un grupo un poco fanatizado, Viva Cristo Rey, en donde formalmente dicen hay que abolir al Estado laico y hay que instaurar un Estado cristiano con el rosario en la mano".
El primer documento de los obispos, según los analistas, pudo haber alimentado esas posturas. "En el 2025 personalizan la responsabilidad de estos males", explica Monroy. "La sociedad no es el problema, nosotros no somos el problema, nos dicen. Son los otros, nos dicen los obispos: El problema es el gobierno federal".
La conferencia de prensa posterior al documento de noviembre evidenció esta tensión. Ante una pregunta sobre si el Episcopado reivindicaba el levantamiento armado de los cristeros, el presidente de la CEM, Ramón Castro Castro, respondió que no se llamaba "a ningún tipo de reivindicación, insurrección ni de levantamiento".
Voces ausentes y responsabilidades pendientes
El centenario ha puesto en evidencia otra carencia: la falta de un diálogo amplio sobre el significado del conflicto religioso. A diferencia de lo ocurrido en 2010, cuando el Episcopado instauró una comisión especial para analizar la participación de la Iglesia en el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, en esta ocasión no se han organizado foros académicos con especialistas, historiadores y fuerzas políticas.
"El final de ese diálogo se pudo dar una voz", recuerda Jiménez. "Y en este caso, en los 100 años de este acontecimiento terrible para la vida mexicana, no ha habido ese diálogo transversal".
Esta ausencia contrasta con la actividad de sectores conservadores que han ocupado el espacio público. La periodista critica que "organizadores y sectores" hayan invitado a un sacerdote argentino identificado con la ultraderecha para hablar del tema, en lugar de recurrir a historiadores mexicanos.
Las deudas históricas
El conflicto de 1926-1929 no concluyó con los acuerdos de 1929. Muchos cristeros se sintieron traicionados por los obispos, que habían salido del país durante la guerra, y por un gobierno que no cumplió las promesas de clemencia. La violencia se prolongó hasta 1937 en algunas regiones, y los crímenes de lesa humanidad cometidos por ambos bandos quedaron sin esclarecer.
"Hay una reconciliación pendiente", afirma Monroy. "El gobierno no asumió su parte de responsabilidad frente a la libertad religiosa ni las autoridades católicas tampoco asumieron su responsabilidad frente a un país cambiante".
En los comunicados del Episcopado, los obispos reconocen que no estuvieron a la altura de lo que los fieles esperaban, pero no ofrecen disculpas explícitas. "Un reconocimiento sin una disculpa no vale", subraya Jiménez.
El desafío de la pluralidad religiosa
El centenario ocurre en un México profundamente distinto al de 1926. El país es plural en creencias, el Estado laico está constitucionalmente establecido y la Iglesia católica ha transitado por el Concilio Vaticano II y los pontificados de Benedicto XVI, Francisco y León XIV, que han reivindicado la democracia plural.
Monroy señala que los documentos episcopales omiten esta evolución: "Los obispos mexicanos olvidan todo lo que ha pasado en el siglo XX en la Iglesia católica, particularmente en el Concilio Vaticano II y los últimos pontificados, en donde reivindican la democracia como un ejercicio colectivo plural, no como una dominación cultural uniforme".
Los analistas coinciden en que el Episcopado tiene una responsabilidad catequética: ayudar a los grupos tradicionalistas a asimilar la realidad religiosa del México contemporáneo. "Si los obispos y los sacerdotes no están auxiliando a estos grupos para que asimilen la realidad religiosa que ha vivido México en los últimos 100 años, pues nadie lo va a hacer", concluye Monroy.
Perspectivas que hacen falta
En estos meses en que se están cumpliendo 100 años de diversos eventos, la Iglesia mexicana enfrenta el reto de honrar la memoria de los mártires sin caer en instrumentalizaciones políticas, y de promover la reconciliación sin soslayar las responsabilidades históricas. El gobierno federal, por su parte, no ha mostrado disposición a dialogar sobre el tema.
El cambio de tono entre los dos documentos episcopales sugiere que los obispos han recibido señales, tanto internas como externas, para moderar su discurso. Pero las heridas del pasado, y las tensiones del presente, permanecen abiertas. La pregunta que queda sobre la mesa es si el centenario servirá para cerrarlas o para profundizarlas.

