La noche del 8 de marzo, el sacerdote Juan Manuel Zavala terminó de oficiar la misa dominical en el corazón de una comunidad montañosa de la región de Mezcalapa, en Chiapas. Vicario de un extenso y accidentado territorio parroquial, intentó regresar al curato, en la cabecera municipal, a bordo de su Jetta negro, pero nunca llegó. Fue reportado como desaparecido pocas horas después; al amanecer, sus pertenencias y su cadáver fueron hallados en otro municipio, a solo cinco kilómetros en línea recta, pero al que únicamente se accede por un camino que serpentea entre verdes colinas.
Como siempre, habrá expresiones de condena y exigencias para que las autoridades investigadoras hagan lo posible por esclarecer los vacíos de esta triste noticia: un nuevo caso de un ministro de culto que pierde la vida en misteriosas circunstancias. Es probable, empero, que no haya mucho seguimiento; así lo han demostrado décadas de trabajo del Centro Católico Multimedial, cuyos registros sobre asesinatos y desapariciones de sacerdotes muestran que estos suelen terminar en el olvido antes que en la justicia.
Sin embargo, las comunidades religiosas sí pueden hacer mucho frente a esta apremiante realidad. Por ejemplo, tras los hechos violentos del pasado 22 de febrero –luego de la captura y posterior muerte del líder del CJNG, Nemesio Oseguera ‘El Mencho’–, la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS-Cáritas) activó su protocolo de atención y acompañamiento a las diócesis afectadas por los narcobloqueos y actos vandálicos del cártel. El equipo de apoyo estableció contacto directo con las Cáritas diocesanas y con los agentes de pastoral social de todo el país, especialmente con las diócesis más golpeadas, con el propósito de brindar apoyo psicoemocional frente al clima de tensión, miedo e incertidumbre que estos acontecimientos generaron en diversas comunidades.
Estos encuentros son, ante todo, un espacio seguro de escucha, oración y cuidado integral, con el objetivo de construir paz desde cada territorio. Pero forman parte de un protocolo mucho más amplio: una metodología de intervención sistémica que forma parte de un proyecto eclesiástico en México para favorecer la seguridad de ministros, fieles y personal adscrito a las parroquias.
El protocolo no se limita a una serie de pasos, sino que busca integrar las interrelaciones sociales que la parroquia articula: ministros, familias, instituciones, grupos sociales, y las dinámicas económicas y culturales de la comunidad. La CEPS recomienda abordar la seguridad parroquial en siete momentos: hacer un diagnóstico sistémico de la comunidad, definir objetivos de intervención, movilizar a actores comunitarios, diseñar estrategias, implementarlas, evaluarlas y consolidar las acciones en la vida cotidiana.
Para atender situaciones de inseguridad, crimen y riesgos en la comunidad parroquial, sus integrantes deben participar primero en un diagnóstico que comprenda la situación real local, mediante la recolección de información sobre actos de violencia, delincuencia o crimen. En un espacio de confianza, se debe compartir información sobre la frecuencia, lugares, horarios y modus operandi de los delitos; también se deben identificar actores clave de la zona: vecinos, policías, líderes comunitarios, comerciantes e incluso jóvenes en situación de riesgo.
El análisis comunitario debe describir las dinámicas de confianza, la cohesión vecinal, la percepción de la autoridad, y también evaluar los recursos de seguridad existentes en la localidad: comités vecinales, cámaras de vigilancia, programas municipales de seguridad, entre otros.
Solo entonces se pueden implementar estrategias concretas para prevenir el delito, promover la confianza vecinal y salvaguardar a los miembros de la comunidad. En muchas ocasiones, estas medidas son suficientes para reducir las oportunidades de los perpetradores de desapariciones forzadas, agresiones u otros delitos graves.
Que los parroquianos y fieles conozcan y asuman un protocolo mínimo de seguridad se ha vuelto imperativo para las comunidades en México. Es necesario involucrar a la gente en comités de seguridad con vecinos, comerciantes, líderes locales y autoridades, para sostener reuniones periódicas y dar seguimiento a temas que inciden directamente en el bienestar local: iluminación, limpieza, señalización adecuada, prevención de la violencia, creación de espacios deportivos y recreativos para jóvenes, y restauración de la confianza con la policía y las autoridades locales.
La muerte del religioso Zavala –como la de cientos de líderes comunitarios en el país– obliga a las estructuras intermedias de la sociedad a crear y sostener cambios locales a largo plazo. Por supuesto, existe otra opción que seduce a los desesperados: la intervención con fuego y balas por parte de agentes de poder nacionales o internacionales. Sobra decir que, incluso descartando el horror que ello conlleva, los resultados son pírricos, efímeros y macabros.
*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe
