Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.— La noche del jueves 6 de agosto de 2026, alrededor de las 22:00 horas, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial ingresaron a la Casa del Migrante “Jesús Esperanza en el Camino”, ubicada en la Primera Poniente Sur #1664, esquina con 16 Sur Poniente, Barrio San Francisco, en Tuxtla Gutiérrez.
La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, a través de su Pastoral Social, denunció que se trató de una irrupción violenta e ilegal. Según el comunicado difundido por la Iglesia, los agentes derribaron una de las puertas del inmueble, pese a que el encargado del albergue intentaba abrir el acceso. Durante el operativo, los elementos no habrían mostrado una orden de cateo al personal responsable del lugar.
El albergue, destinado al amparo humanitario y atención de personas en movilidad, recibía alrededor de 15 personas al día, principalmente provenientes de Centroamérica y Venezuela, quienes permanecían una o dos noches antes de continuar su trayecto. Al momento de la intervención, se encontraban en el inmueble personas migrantes, una menor de edad y voluntarios.
Detención de un ciudadano guatemalteco
Durante el operativo, los agentes detuvieron y sustrajeron del lugar a un ciudadano de origen guatemalteco. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que la detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión contra el hombre, a quien identificó como presunto responsable del feminicidio de Nelly Dayana Hernández Doñez, una adolescente de 17 años, ocurrido hace aproximadamente dos meses en Tapachula. El detenido habría huido a Guatemala después de los hechos y posteriormente regresó a Chiapas acompañado de su esposa y un menor de edad, refugiándose en la Casa del Migrante con la intención de continuar su desplazamiento hacia el norte del país.
Funcionarios de la FGE acusaron a los responsables del albergue se negaron inicialmente a permitir el acceso de los agentes ministeriales: “Se les dijo que abrieran la puerta y, por más que se les explicó, se negaron a abrir, por lo que, de acuerdo con la facultad que tenemos, se hizo uso de la fuerza para entrar”, declaró una fuente de la Fiscalía.
Denuncias y exigencias de la Arquidiócesis
Por su parte, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tuxtla condenó el operativo y señaló que la actuación de los agentes vulneró el espacio físico de la Iglesia y puso en riesgo la integridad de las personas migrantes albergadas y del equipo de voluntarios. Testigos presentes aseguraron que el detenido fue sometido con malos tratos.
La Arquidiócesis también reportó daños materiales en las instalaciones, desorden en las pertenencias de los migrantes, la desaparición de la memoria de una cámara de videovigilancia y la falta de un reloj perteneciente a un trabajador del albergue.
Entre las exigencias planteadas, la Iglesia solicitó a la Fiscalía General del Estado la apertura inmediata de una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades penales y administrativas contra los elementos operativos y de mando involucrados. Asimismo, pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitir medidas cautelares para proteger a los migrantes y al personal del albergue.
El sacerdote Gilberto Hernández García, asesor de la Comisión Diocesana de la Pastoral Social, declaró: “No protegemos delincuentes, exigimos que se respete la ley. Si había un presunto delincuente, nosotros no nos íbamos a oponer; lo único que pedimos es que las autoridades actúen conforme a la ley y presenten la orden judicial correspondiente”.
Suspensión de actividades
Tras el operativo, la Casa del Migrante “Jesús Esperanza en el Camino” suspendió sus actividades de manera indefinida. La Arquidiócesis anunció que hará llegar al gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, una nota de inconformidad sobre los hechos.
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