O Opinión

Cuenta larga | ¿Qué ganamos con la formalidad?

Nuestro país no es precisamente un modelo de formalidad. Muchas empresas y muchos trabajadores operan fuera de los registros fiscales o de la seguridad social. El gobierno quiere, y necesita, ampliar la formalidad para recaudar mejor, distribuir más equitativamente las obligaciones fiscales y contar con recursos suficientes para atender las necesidades de la población. Pero muchos ciudadanos se resisten a formalizarse y otros, aun estando registrados, buscan maneras de pagar menos impuestos de los que les corresponden. Y no es algo que se dé solo en las clases populares: también ocurre entre profesionales y empresarios.

¿Es posible lograr lo que pretende el gobierno?

Primero hay que reconocer que la informalidad no es solamente un problema fiscal. Es también parte de una dificultad más amplia: nuestra débil cultura de legalidad y la desconfianza entre ciudadanos y autoridades. Cuando las leyes se incumplen, las irregularidades no se denuncian y las sanciones no llegan, se genera un círculo vicioso. La impunidad desalienta el cumplimiento y quienes sí respetan las reglas terminan preguntándose por qué deben seguir haciéndolo.

No todos permanecen en la informalidad por las mismas razones. Para algunos, cumplir las obligaciones legales resulta costoso o complicado. Otros encuentran ventajas en evitar impuestos y regulaciones. Por eso necesitamos comprender las distintas causas, en lugar de tratar a todos los informales como evasores deliberados.

Hay además un obstáculo político. La formalización puede provocar rechazo cuando significa nuevas obligaciones sin beneficios visibles. Pocos dirigentes parecen dispuestos a encabezar una discusión que podría resultarles electoralmente costosa. Pero el problema no desaparecerá por evitarlo, y tarde o temprano tendremos que enfrentarlo. Y más vale que sea pronto.

La pregunta fundamental es otra: ¿qué ventajas se pueden ofrecer al ciudadano para que le convenga abandonar la informalidad? ¿La satisfacción del deber cumplido, un poco a lo kantiano? No parece suficiente, particularmente cuando existe tanta desconfianza hacia la clase política. Muchos podrían responder: ¿quieren que entreguemos más dinero al gobierno para que se pierda en corrupción o se gaste en obras que no nos benefician?

México recauda una proporción de su producto interno bruto considerablemente menor que la mayoría de los países de la OCDE. Al mismo tiempo, aspiramos a disponer de servicios públicos comparables con los de países que recaudan mucho más. Esa contradicción no puede resolverse indefinidamente mediante endeudamiento. Los compromisos de gasto público requieren ingresos suficientes y sostenibles, pero una reforma fiscal amplia tampoco puede improvisarse ni imponerse sin considerar sus consecuencias.

Se han intentado distintas respuestas. Una consiste en endurecer las sanciones y hacer públicos los castigos a los evasores. Usar el miedo. Otra es reducir el uso del efectivo y promover medios de pago que permitan supervisar más fácilmente las operaciones económicas. Ambas pueden contribuir a combatir la evasión, pero tienen límites. Además, una fiscalización creciente y el uso de medios de pago cada vez más supervisables pueden reforzar entre los ciudadanos la sensación de que el gobierno los vigila cada vez más. Cuando ya existe desconfianza, esa percepción puede agravarla. No se trata de renunciar a la fiscalización, sino de reconocer que tampoco por ese camino se construye, por sí sola, la confianza.

Necesitamos otras propuestas. Formalizarse debería significar algo más que pagar impuestos y cumplir trámites: acceso efectivo a servicios, seguridad social, financiamiento, protección jurídica y reglas que se apliquen por igual. Desde luego, esos beneficios tienen costos y no pueden prometerse sin explicar cómo se financiarán. Pero tampoco podemos esperar que la formalidad resulte atractiva si los ciudadanos perciben obligaciones crecientes, beneficios insuficientes y ninguna oportunidad de participar en las decisiones que los afectan.

La confianza no se puede crear por decreto. Tampoco basta con pedir una mayor conciencia cívica. El gobierno debe demostrar que utiliza correctamente los recursos y cumple sus obligaciones, mientras los ciudadanos necesitamos reconocer las nuestras. No es una tarea sencilla. Requiere cambios que probablemente tomarán una generación o más y que no pueden depender de los intereses electorales de cada sexenio.

Por eso necesitamos un debate nacional, apoyado en investigaciones imparciales y abierto a quienes viven las consecuencias de la informalidad. No para producir otra declaración de buenas intenciones, sino para identificar obstáculos y proponer soluciones verificables. Hay medidas que pueden comenzar desde ahora, como ampliar la vigilancia ciudadana sobre el gasto público mediante observatorios independientes y mecanismos de auditoría social.

La ciudadanía sin partido tiene aquí una responsabilidad particular. Aunque carezca de los recursos y la organización de los grandes actores políticos, puede exigir información, impulsar el debate y vigilar el cumplimiento de los compromisos. No necesitamos esperar a que todos los dirigentes se pongan de acuerdo para empezar.

La formalidad no se conseguirá solamente obligando a cumplir la ley. Necesitamos reconstruir la confianza entre ciudadanos y gobierno, con obligaciones recíprocas y resultados visibles. Es un esfuerzo de largo plazo, pero indispensable si queremos un Estado capaz de cumplir sus responsabilidades y una sociedad dispuesta a asumir las suyas.

¿Quién tomará la iniciativa?

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