Nativitas, México.- Fiscales de la iglesia de San Miguel Xochitecatitla, en el municipio de Nativitas (Tlaxcala), amenazaron con linchamiento y muerte a al menos tres periodistas que buscaban documentar declaraciones del sacerdote Hugo Hernández sobre un reciente acto de violencia colectiva en la comunidad. Los hechos, ocurridos este miércoles durante una misa, exponen la tensión entre la libertad de prensa y el control de la información en contextos de violencia local.

Según testimonios de los reporteros afectados —cuya identidad se reserva por seguridad—, los fiscales, responsables de custodiar el orden durante los ritos religiosos, interrumpieron su labor periodística mientras intentaban grabar el sermón del presbítero Hernández. En su homilía, el sacerdote hizo alusiones indirectas al linchamiento de una persona ocurrido horas antes en la comunidad, sin ofrecer detalles públicos sobre el caso.

Uno de los fiscales abordó a una reportera frente al atrio de la iglesia y, junto a otro colaborador, la rodeó para exigirle borrar las grabaciones. “Aquí no puedes grabar. Borra todo o llamamos al pueblo. Ya viste que lincharon a uno; también a otro reportero lo corrimos. Si no borras, te linchamos”, advirtió el hombre, según relató la profesional. Bajo coerción, la periodista eliminó el material frente a ellos.

El incidente ocurrió con el conocimiento del sacerdote Hernández, quien continuó la ceremonia sin intervenir. En su sermón, el religioso mencionó “los hechos trágicos de esta mañana”, refiriéndose al linchamiento, pero evitó condenarlo explícitamente. Testigos señalaron que los fiscales actuaron para evitar que los medios difundieran declaraciones que pudieran “poner en riesgo” a los implicados en la violencia colectiva.

“Su intención era clara: silenciar cualquier registro que vincule a la comunidad o a la iglesia con el linchamiento. Usaron su autoridad religiosa para amedrentar”, explicó uno de los reporteros afectados, quien logró salir del lugar sin mayores agresiones físicas.

El estado de Tlaxcala, aunque menor en índices delictivos a nivel nacional, registra casos recurrentes de linchamientos, muchos impulsados por narrativas de “justicia comunitaria” ante la desconfianza en las instituciones. Organizaciones como Artículo 19 han documentado que, entre 2020 y 2024, México reportó al menos 45 agresiones a periodistas vinculadas con autoridades religiosas o comunitarias, principalmente en zonas rurales.

El caso de Xochitecatitla destaca por la participación directa de figuras que cuentan con cierta responsabilidad tradicional en las iglesias como custodios de bienes o actos en el intento de censura. “Esto refleja cómo estructuras de poder locales, incluso religiosas, instrumentalizan la violencia para controlar narrativas”, afirmó Adriana Solís, analista del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

Hasta ahora, ni la Diócesis de Tlaxcala ni la arquidiócesis local han emitido un posicionamiento público. Tampoco se reportaron denuncias formales ante la Fiscalía estatal, aunque los periodistas afectados evalúan acciones legales.

Mientras, organizaciones de derechos humanos exigen garantías para la prensa. “Amenazar con linchar a quien ejerce su derecho a informar es un delito que no puede quedar impune, menos con la complicidad de líderes religiosos”, declaró Guillermo Fernández, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

El episodio subraya un desafío doble en México: la persistencia de la violencia comunitaria y la creciente vulnerabilidad de periodistas en zonas donde el poder eclesiástico y el tradicional se entrelazan para ocultar abusos.