Bogotá, Colombia.- Una acción judicial confronta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego que éste emitiera opiniones personales en contra el credo de millones de ciudadanos colombianos. Su trasgresión del principio de laicidad ha provocado que Wilson Ruiz, exministro de Justicia y candidato al Senado, presentara una acción de tutela el pasado 30 de enero. La demanda alega que declaraciones del mandatario sobre Jesucristo y María Magdalena vulneran derechos religiosos fundamentales.

El origen del conflicto es un discurso del presidente Petro, difundido el 27 de enero. Petro afirmó: “Jesús fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”. Para Ruiz, estas palabras representan una interpretación teológica desde la máxima investidura pública.

La acción de tutela se fundamenta en el artículo 19 de la Constitución y jurisprudencia de la Corte Constitucional. El texto legal señala que “el Estado debe proteger las creencias, no reinterpretarlas”. Ruiz argumenta que ningún funcionario público debe reinterpretar dogmas religiosos ni influir en las convicciones espirituales de los ciudadanos. La función institucional exige neutralidad.

Entre las pretensiones, Ruiz solicita a la justicia que ordene un acto público de disculpas institucionales del presidente. El acto debe aclarar que sus declaraciones no representan la posición oficial del Estado. También pide que se prevenga a Petro para que se abstenga de emitir interpretaciones teológicas en el futuro.

La controversia generó un rechazo inmediato de grupos religiosos. La Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol) emitió un comunicado. La organización advirtió que las palabras del mandatario constituyen “una falta de respeto hacia la figura central de la fe cristiana”. Cedecol enfatizó que “la Biblia, fuente fundamental de la fe cristiana, no respalda ni sugiere tales afirmaciones”.

El caso coloca en el centro del debate público los límites de la libertad de expresión de un mandatario. También evidencia la tensión entre las convicciones personales de un gobernante y su deber de neutralidad en un Estado laico. La tutela busca que el poder judicial reafirme el deber de neutralidad estatal en cuestiones de creencias. La decisión judicial podría establecer un precedente sobre el alcance del discurso oficial en materia de fe.