California, Estados Unidos.- El arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez, expresó su apoyo a una iniciativa legislativa de inmigración. El proyecto de ley HR 4393, conocido como Ley de Dignidad, ofrecería un estatus legal temporal a personas sin documentos que ingresaron a Estados Unidos antes de 2021.
En un artículo de opinión para Angelus News, Gómez calificó la propuesta como “un punto de partida genuino y de buena fe”. Añadió que “necesitamos empezar en algún lugar. Y necesitamos empezar ahora”.
La medida bipartidista fue presentada por la representante republicana María Elvira Salazar de Florida y la demócrata Verónica Escobar de Texas. El proyecto no establece un camino directo a la ciudadanía, pero crea el “Programa Dignidad”. Este programa otorga un estatus legal renovable de siete años a quienes cumplan con requisitos como el pago de una restitución de 7,000 dólares y carecer de antecedentes penales.
El arzobispo reconoció que la legislación “no es perfecto, tiene fallas”. Sin embargo, destacó su carácter realista dentro del panorama político actual. Atribuyó la crisis migratoria a la falta de acuerdos legislativos durante décadas.
Gómez afirmó el deber del gobierno federal de hacer cumplir las leyes, pero criticó las políticas de deportación masiva del presidente Donald Trump. “Debe haber una mejor manera que esta”, dijo. Propuso que las deportaciones se limiten a criminales violentos o culpables de delitos graves.
“No sirve al interés nacional deportar a hombres y mujeres indocumentados que están contribuyendo al bien de nuestra sociedad; sólo deja a los niños sin sus padres”, expresó el arzobispo.
Otros prelados también respaldaron la iniciativa. El obispo de El Paso, Mark J. Seitz, dijo en julio que “bajo nuestro sistema actual, familias en toda nuestra nación viven con miedo”. El arzobispo de Denver, Samuel Aquila, promovió la ley en noviembre, afirmando que “cuidará a los inmigrantes que han venido a este país”.
El proyecto de ley incluye disposiciones para aumentar la seguridad fronteriza con barreras físicas y tecnología. También impondría sanciones por cruces ilegales y fraude en asilo, y exigiría el uso del sistema E-Verify para todos los empleadores.
Gómez hizo un llamado al diálogo respetuoso. “Debemos hablar y escucharnos con respeto y con el corazón abierto a comprendernos mutuamente y a trabajar juntos por el bien común”, concluyó.

