Chilpancingo, Guerrero.- El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, reaccionó al discurso de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en el que afirmó que en Guerrero los grupos delictivos "se vincularon con sectores de la población".
El religioso aseguró que entre el crimen organizado y la sociedad civil no puede haber una "vinculación": "No existe una base social", dijo Velázquez.
La mandataria afirmó durante la conferencia de prensa del 19 de septiembre, que Guerrero vive una situación particular que es atendida por el gobierno estatal y federal para que "cualquier base social que pueda tener la delincuencia sea recuperada para una visión de paz".
Por ello, Filiberto Vázquez corrigió la apreciación de la presidencia porque no se puede hablar de "base social" del crimen en las regiones de La Montaña de Guerrero:
"En territorios dominados mediante amenazas, pobreza, miedo y abandono institucional, la cercanía no siempre significa consentimiento. No existe una base social verdaderamente libre cuando la población actúa bajo coacción".
"Sería un grave error concluir que comunidades enteras forman parte del crimen organizado", acotó.
Padre Fili: necesitamos compromisos regionales
El sacerdote realizó este pronunciamiento en el texto titulado "Quechultenango: una ruta de paz no una nueva guerra" en el que hace la propuesta a la mandataria federal para que se fortalezcan iniciativas de paz:
"Ante la crisis, propongo instalar urgentemente una mesa regional de paz y recuperación del territorio para Quechultenango, Mochitlán, Chilapa y la Montaña Baja, con participación de autoridades federales, estatales y municipales; víctimas, representantes comunitarios legítimos, iglesias, organizaciones civiles y observadores de derechos humanos".
Velázquez Florencio es un ministro de culto católico reconocido en el territorio como un promotor de construcción comunitaria y social a favor de la paz, por eso mismo, ha sido amenazado por el crimen organizado y desde diciembre del 2025 se vio obligado a abandonar el estado de Guerrero.
Como sacerdote desplazado trabaja junto a las comunidades también víctimas de desplazamiento forzado para que tanto autoridades federales, estatales y municipales como todas las estructuras intermedias de la sociedad alcancen compromisos verificables de paz por medio de mesas de diálogo y protocolos de protección a familias amenazadas y desplazadas.
El sacerdote también pidió a las autoridades competentes a ser más diligentes en la investigación de las estructuras criminales, sus dirigentes y su funcionamiento, también en la desarticulación de su financiamiento tanto por complicidades políticas, institucionales o empresariales. También propone mecanismos seguros y confidenciales de denuncia para que la población tenga certeza de que su denuncia no sólo sea escuchada por las personas correctas en la procuración de justicia sino que, no sufran represalias.
No solo combatir, promover buenas prácticas
Velázquez recoge otras iniciativas que propone instaurar en la región como los programas de desarme comunitario; aumentar oferta cultural, deportiva y educativa para jóvenes que están en la mira de ser reclutados por el crimen; y modelos de justicia y reparación alternativa "sin impunidad" para aquellos jóvenes que han participado en delitos de orden menor.
Finalmente, el religioso exhorta a lo gobiernos de los tres órdenes a mejorar los sistemas de salud, educación, transporte, caminos y oportunidades de participación económica legal y formal para reconstruir el tejido social. Aseguró que la paz en Guerrero no se puede alcanzar sólo mediante operativos armados:
"La paz no consiste en abandonar las comunidades al crimen, ni en tratarlas como si fueran un territorio enemigo. Consiste en recuperar la libertad de sus habitantes, hacer justicia y reconstruir el tejido social".
A propósito de la localidad de Quechultenango, pidió que no se le estigmatice sólo como un "bastión de un grupo criminal organizado" sino como una "comunidad integrada por miles de personas con derechos y dignidad".
"Al crimen se le debe combatir, pero a la población se le debe proteger", concluyó.
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