El 19 de octubre de 2026, la organización Policías Celestiales A.C. utilizó el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados para entregar el galardón “Seguridad con Valor 2026” a alcaldes del PAN y del PRI, a una magistrada electoral y a la Embajada de Israel, que recibió la distinción de “sede diplomática amiga del año”. El evento, transmitido por el Canal del Congreso e impulsado por el diputado priísta Israel Betanzos, incluyó discursos con invocaciones religiosas y reconocimientos a funcionarios de oposición al gobierno federal.

La ceremonia colocó en el centro de la discusión pública la naturaleza jurídica de Policías Celestiales. Su fundador, Leonel Guillermo Prieto Chávez, es un ex policía federal que fue detenido y extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes antes de experimentar una conversión religiosa y fundar la organización en 2007.

Prieto Chávez, a quien sus seguidores llaman “pastor”, inició su intervención en San Lázaro con un agradecimiento a Dios: “Es por él que estoy yo aquí y sé que muchos de ustedes también”. La estructura de la agrupación replica la de una iglesia: cuenta con “comisarios” que operan como ministros de culto, celebraciones denominadas “operativos celestiales” y una prédica de corte evangélico no denominacional.

El punto de fricción reside en que Policías Celestiales opera formalmente como una asociación civil, no como una asociación religiosa. Esta distinción legal le permite eludir las prohibiciones que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público impone a los ministros de culto y a las iglesias registradas: participar en la promoción de candidatos, intervenir en política partidista o pronunciarse sobre funcionarios públicos.

En la práctica, la organización mantiene una estructura paralela: está registrada ante la Secretaría de Gobernación como asociación religiosa bajo la denominación “Casa de Fiesta Policía Celestial y sus Congregaciones”, mientras que su brazo civil es el que organiza eventos como el del 19 de octubre. El periodista Felipe Monroy describió esta dualidad en su análisis: “Policías Celestiales es una asociación civil que tiene todas las estructuras de una asociación religiosa”. Y advirtió la consecuencia jurídica: “Si solo es la asociación religiosa tiene todas estas restricciones de ley para participar en la política o en lo político, pues entonces quizá a muchas organizaciones religiosas en el futuro pueden no necesitar registrarse como ARs, sino solamente como asociaciones civiles y entonces sí, desde su religiosidad, participar de la vida política y partidista y también electoral en el país”.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el uso del recinto legislativo para el acto. “La ley es muy clara, la verdad no creo que la Cámara de Diputados deba ser el recinto donde se hagan este tipo de eventos. Pueden hacerlo fuera, en otro lado”, declaró el 21 de octubre. La bancada de Morena calificó la ceremonia como una vulneración del Estado laico, mientras que el coordinador del PRI, Rubén Moreira, defendió la realización del evento con una frase que sintetiza la disputa interpretativa: “Una cosa es lo laico y otra lo jacobino”. El senador Ricardo Monreal se sumó a las críticas y calificó de “indebido” el uso de espacios de San Lázaro para un acto de una agrupación confesional.

El episodio también expone una contradicción en el historial de la organización. En 2018, Policías Celestiales participó en la campaña de Andrés Manuel López Obrador y llegó a firmar convenios para impartir “capacitación espiritual” a cuerpos policiacos y a la Guardia Nacional. Prieto Chávez fue detenido nuevamente en 2023 y recuperó la libertad meses después. La relación con el gobierno federal se rompió, y para 2026 el galardón en San Lázaro se dirigió exclusivamente a políticos del PAN y del PRI, además de la representación israelí.

El marco jurídico vigente ofrece un margen que organizaciones como Policías Celestiales utilizan. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria del artículo 130 constitucional, fue diseñada para “evitar la simulación” y “impedir la manipulación política de los sentimientos religiosos del pueblo”. Sin embargo, la existencia de una asociación civil con fines confesionales que opera sin las restricciones propias de una asociación religiosa plantea la pregunta de si el diseño legal actual cumple ese objetivo. Monroy lo formuló en su intervención: “¿Cuáles son los márgenes que entonces tenemos que tener en el país para distinguir las funciones de una asociación civil de una asociación religiosa?”.

La discusión de fondo trasciende el caso concreto. En México no existe una ley general de libertad religiosa que abarque el derecho fundamental de conciencia, expresión y manifestación de fe —o de no creencia— más allá de la regulación de las instituciones religiosas. Monroy apuntó esa ausencia: “La religión no es nada más de las organizaciones religiosas, la religión es de la ciudadanía, es del ser humano y como derecho fundamental necesitamos una ley general de libertad religiosa”. El galardón en la Cámara de Diputados, con su mezcla de símbolos religiosos, reconocimientos partidistas y diplomacia, dejó en evidencia que la frontera entre lo civil y lo confesional sigue siendo un terreno por definirse en el México actual.