Washington, EU.- Después que la Corte Suprema de Estados Unidos declarase inconstitucional, por mayoría de 6 a 3, la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que pretendía elimitar la ciudadanía para los hijos de inmigrantes sin estatus legal o con visas temporales, el arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, calificó la decisión como un alivio y recordó que "los niños no son culpables de ningún delito por nacer en Estados Unidos".

El fallo emitido el 30 de junio por la Corte Suprema, con una mayoría de 6 votos contra 3; y declaró inconstitucional la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato. La medida habría excluido de la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus migratorio legal o presentes en el país con visas temporales.

Según estimaciones basadas en datos de 2023 del Pew Research Center, de haber sido aprobada, la orden habría afectado a aproximadamente 260 mil  niños cada año, lo que equivale a cerca del 7% de los 3,6 millones de nacimientos anuales en Estados Unidos. La administración había justificado la medida argumentando que el derecho de nacimiento constituía un incentivo para la inmigración indocumentada.

Obispos de EU: dignidad por encima de proteccionismos

En una entrevista con el periódico italiano Avvenire, el arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, manifestó su alivio ante el fallo. "Los niños no son culpables de ningún delito por nacer en Estados Unidos. Sin embargo, ese decreto los habría convertido en apátridas", expresó el prelado.

Coakley recordó que "las naciones soberanas tienen derecho a regular la inmigración, pero también tienen el deber de proteger la dignidad de toda persona".

Como católicos, añadió el arzobispo, "nuestra fe nos impulsa a protestar contra las leyes que niegan la dignidad de la persona humana y perjudican a niños inocentes".

El fundamento legal del fallo

La Corte Suprema rechazó el argumento de la administración. El presidente del tribunal, John Roberts, reafirmó que la 14.ª Enmienda garantiza la ciudadanía a "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción". "La ciudadanía", declaró Roberts, "es el derecho a tener derechos".

La composición de la mayoría resultó significativa. Además de los tres magistrados progresistas, tres magistrados conservadores votaron en contra de la orden ejecutiva: el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los magistrados Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh.

El principio de ius soli se remonta a la 14.ª Enmienda a la Constitución, ratificada en 1868, tres años después del fin de la Guerra Civil, para garantizar la ciudadanía y los derechos civiles a los antiguos esclavos afroamericanos. Su interpretación se consolidó en 1898, cuando la Corte Suprema, en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, estableció que incluso los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, un principio que constituye la base del derecho constitucional estadounidense.

Reacciones políticas y otros fallos migratorios

El presidente Trump reaccionó calificando el fallo de "una verdadera vergüenza" e instó al Congreso a aprobar una ley ordinaria para abolir el derecho de residencia, argumentando que no sería necesaria una enmienda constitucional. El vicepresidente James D. Vance, quien se identifica como católico, calificó la decisión de la Corte como un "grave error".

En una decisión aparte, la Corte Suprema limitó la facultad de los tribunales para revisar las decisiones del ejecutivo sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), allanando el camino para la revocación de la protección de aproximadamente 350 mil haitianos, 6 mil sirios y potencialmente hasta un millón de personas de otros países.

A esto se suma la decisión de un tribunal de apelaciones que autorizó una apelación más amplia a los procedimientos de deportación acelerada, sin audiencia ante un juez, para los inmigrantes que no puedan demostrar una estancia en Estados Unidos de más de dos años, lo que afectaría a 622 mil personas.

El fallo sobre el ius soli muestra una Corte que, si bien ha concedido a Trump cierto margen de maniobra en varios frentes, también ha impuesto límites a sus iniciativas más controvertidas, desde los aranceles hasta el papel de la Reserva Federal, pasando por el intento de superar el principio de ciudadanía por nacimiento. La inmigración sigue siendo un tema clave de cara a las elecciones de mitad de mandato.